sábado, 24 de febrero de 2018

POPULISMO PUNITIVO DEL PP PUEDE LLEGAR A LOS PLENOS: ESTEMOS PREPARAD@S

La pena permanente revisable, eufemismo de cadena perpetua, fue reintroducida por el PP en la reforma del Código Penal que se realizó en el año 2015. Esta pena fue abolida durante la dictadura del general Primo de Rivera en 1928 y excluida de todas las modificaciones legislativas posteriores. Es decir, el código penal aprobado por el PP nos retrotrae a una situación de hace casi un siglo. 


Desde el principio, IU manifestó su rotunda oposición a esta medida por los siguientes motivos:

Vulnera derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución ya que el artículo 25.2 de la Constitución Española establece que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social". La prisión permanente revisable vulnera claramente este principio constitucional pues difícilmente esta pena dejará lugar a la resocialización por mucho que se prevea una incierta revisión de la misma a los 25, 28, 30 o 35 años, según los casos. 

La indeterminación de esta revisión no garantiza ningún horizonte de libertad y genera una gran inseguridad jurídica. Parece que volvamos con esta pena a las ya olvidadas sentencias indeterminadas, contrarias a los principios fundamentales de un derecho penal liberal y garantista, y que tantos abusos produjeron en otros sistemas penales. 

La pena que introdujo la reforma del Partido Popular es contraria al principio de humanización de las penas, recogido en el artículo 15 de la Constitución, que proscribe la imposición de sanciones inútiles que tengan solo un fin de castigo, así como a la dignidad de la persona garantizada en el artículo 10 de nuestra Carta Magna.

El concepto de justicia, entendida como venganza o expresión de los sentimientos de odio y repulsa de la sociedad, no es un concepto aceptable en un Estado social y democrático de derecho. El argumento de la proporcionalidad no justifica la cadena perpetua, si no es desde una visión propia de la Ley del Talión de la justicia, incompatible con nuestro Estado de Derecho.

El argumento de que en nuestro entorno existe una figura penal similar en Austria, en Luxemburgo, en Bélgica, en Gran Bretaña, en Italia, en Holanda, en Alemania no es cierto sino desde el punto de vista meramente semántico ya que en estos países, a diferencia de España, el reo puede pedir la libertad condicional cuando ha cumplido los 15 años de condena o entre los 15 y 23 años en el caso de Bélgica. 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá argumentó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había avalado la compatibilidad de esta medida con el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Lo que no dijo es que el mismo tribunal ya ha dictado resoluciones que denuncian que la prisión permanente revisable vulnera el artículo 5, el que obliga a buscar la reinserción de los presos.

Los funcionarios de prisiones, un colectivo diezmado por los recortes,  denuncian que “El planteamiento que hacen de revisión de condena es tan lejano en el tiempo que dejas al preso sin salida y a los funcionarios sin ningún instrumento para regular su conducta”. 

Entidades de derechos humanos, la mayoría de catedráticos de derecho penal y el Consejo General de la Abogacía Española, entre otros, han manifestado su más férrea oposición a esta pena.

En distintas resoluciones, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismos que vela por el respeto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha advertido que cualquier pena de reclusión efectiva superior a los 20 años puede llegar a ser considerada como trato inhumano, cruel o degradante y por tanto ser contraria al derecho internacional, además de alejarse de los objetivos de la sanción de garantizar la reintegración social del infractor

España es uno de los países más seguros de la Unión Europea, donde la tasa media de asesinatos u homicidios en España es del 0,69 por cada 100.000 habitantes, frente a la europea que se sitúa en 0,92. En cambio, el número de reclusos por 100.000 habitantes en España es muy superior al de los países de nuestro entorno: 147 presos por cada 100.000 habitantes frente a los 98 de Francia o 79 de Alemania.  Ello evidencia que, a diferencia de los países de nuestro entorno que dedican sus recursos a reinsertar a los presos, en el caso del gobierno de  España se vulnera este mandato constitucional y el único objetivo es el punitivo. Es necesario cambiar de paradigma.

El objetivo del PP cuando introdujo la prisión permanente revisable no se fundamentó, de acuerdo con el análisis de las cifras, en un criterio jurídico de mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia sino en un criterio electoral basado en ciertos casos muy mediáticos que pusieron de manifiesto que proyectar una imagen de mano dura da réditos electorales. Es uno de los ejemplos más claros de POPULISMO PUNITIVO. El Código Penal dejó de ser un instrumento de política criminal para convertirse en otro de agitación y propaganda. 

No necesitamos una cadena perpetua adicional a la que de hecho ya tenemos con la pena de 40 años de prisión.

Madrid, 17 de enero de 2018