miércoles, 21 de diciembre de 2016

NO DEBEMOS PERMITIR QUE CRIMINALICEN LA PROTESTA SOCIAL


El 7 de septiembre de 2011 se iniciaron los recortes a la Educación Pública por parte del gobierno de Cospedal que suponían, entre otros, el fin de muchos refuerzos, desdobles y apoyos para el alumnado de la escuela pública, el aumento de las ratios en las aulas, el aumento de las horas lectivas para el profesorado y el desplazamiento de miles de éstos, así como el despido de 800 profesores. 

Consecuencia del inicio de estas políticas, cientos de profesores se dieron cita espontáneamente frente a los Servicios Periféricos de Educación en la ciudad de Guadalajara y, desde allí, se dirigieron pacíficamente hacia el Teatro Buero Vallejo, donde se leía el pregón de las Fiestas que fue interrumpido por la entrada de los profesores como antes lo habían interrumpido otros colectivos con sus reivindicaciones laborales.

Se trató, básicamente, de una protesta pacífica. La primera de las grandes protestas de la era Cospedal. Pero días después, el Ayuntamiento de Guadalajara, con los únicos votos del Partido Popular, pidió “la identificación y el castigo” para los culpables de tales hechos.

Cuatro profesores y un activista social fueron identificados por procedimientos poco claros y procesados. Y aunque la fiscalía no vio en su momento, ni ve actualmente razones para imputar delito alguno, lo cierto es que hoy en día estas personas se ven abocadas a un juicio penal, donde la acusación particular, en representación de cuatro de los policías locales presentes en el Teatro, les pide cuatro años de cárcel y fuertes multas, en un juicio que cada vez parece que tiene más de político (criminalizar la protesta social).

Por todo ello, desde AHORA GUADALAJARA y sus Asambleas locales, llevaremos al Pleno la siguiente exigencia:

Que de considere exagerada y desmesurada la petición de la acusación particular de pedir hasta cuatro años de cárcel, con todas las implicaciones que esto supone, para las cinco personas imputadas, cuatro de ellas docentes. Asimismo considerar que el sentido común debe imponerse en este asunto y que las peticiones de esta acusación no se corresponden con los hechos allí acaecidos, y que la protesta social por los criminales recortes del gobierno de la Cospe, no puede tener por contrareacción el juicio político y la represión.


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