martes, 13 de diciembre de 2016

LA OCU DENUNCIA OTRA CHAPUZA EN EL BONO SOCIAL


Por Ileana Izverniceanu.- Responsable de relaciones institucionales y prensa

Los consumidores españoles soportamos los efectos de una pésima regulación del mercado de la electricidad, un mercado con los precios más caros de la electricidad en Europa, sin apenas competencia, plagado de abusos. Un mercado hecho a medida de unas cuantas empresas que obtienen pingües beneficios a costa de los consumidores. Y esto es así porque todos los Gobiernos hasta ahora o no han sabido o no han querido regular el mercado eléctrico en beneficio de los consumidores y de la sociedad en general. El último ejemplo de esa pésima regulación es quizá el más hiriente de todos porque afecta al bono social, la tarifa eléctrica que en teoría deben pagar las personas más desfavorecidas. El Tribunal Supremo acaba de dictar dos sentencias en las que una vez más tumba el sistema de financiación del bono social. Aunque se desconoce cómo aplicará el Gobierno esta sentencia, la justicia es clara. Ordena devolver las cantidades pagadas por las eléctricas por la reducción del 25% del precio de la electricidad que supone la aplicación del bono social a los consumidores que se benefician de él. Y la razón es que no se han aplicado los principios de la normativa europea en el reparto del coste entre las distintas empresas. La sentencia debe servir para poner en marcha una reforma urgente del bono social. Por una parte, OCU exige que se respete lo dispuesto en la normativa europea y en la española, esto es, que las empresas que se benefician del mercado eléctrico sean las que tengan que pagar el coste del bono social. Pero además es necesario reformar el bono social, porque en su formulación actual no es suficiente para cubrir las necesidades.

El Gobierno debe establecer una auténtica tarifa social que sirva para que aquellos que están en condiciones más precarias paguen menos por la electricidad: solo de esta forma se podrá combatir la pobreza energética que asola a miles de familias en España.

POR TODO ELLO, NOS SUMAMO A LA EXIGENCIA DE QUE LAS EMPRESAS QUE SE BENEFICIAN DEL MERCADO ELÉCTRICO AFRONTEN EL COSTE DEL BONO SOCIAL


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