jueves, 1 de diciembre de 2016

EL GOBIERNO DEL PP Y Cs PROVOCA PROBLEMAS, NOSOTR@S BUSCAMOS SOLUCIONES

Ante las dudas que se nos presenta la posición de un concejal en el puesto de Tesorero, Ahora El Casar se ha puesto en marcha para recabar información sobre este tema, recibiendo de la Asesoría Jurídica con la que nos hemos puesto en contacto, la siguiente respuesta:

Sobre la cuestión de la reforma del régimen de las Tesorerías municipales acometidas en la legislación de régimen local de 2015, ya señalamos en anteriores consultas que la modificación de la Disposición Transitoria Séptima de la LRSAL por la Ley 18/2015, de 9 de julio, reserva el puesto de Tesorero a un funcionario habilitado; sino es posible un funcionario de carrera provincial y en último caso un funcionario de carrera de la Corporación, coordinado por un funcionario de carrera de la Diputación de grupo A1; sin embargo no establece –a su vez- ningún régimen transitorio para su aplicación.

A su vez, la reforma que lleva a cabo el Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, indica en su Preámbulo que la misma permite atribuir el ejercicio de estas funciones a la subescala de secretaría-intervención, en la línea de profesionalización de estas funciones introducida por la LRSAL, y que “Dada la reciente constitución de las Corporaciones Locales, queda acreditada la extraordinaria y urgente necesidad, a fin de evitar la paralización de estas funciones en la mayoría de los Ayuntamientos”. La aplicabilidad inmediata de la norma se desprende claramente de la propia justificación que emplea el Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre.

Por ello, la tesorería se trata de una función reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional, todo ello en los términos a su vez de la Disposición Transitoria 7ª de la LRSAL (referida a las Corporaciones Locales de población inferior a 20.000 habitantes).

De este modo, hallándose ahora reservada legalmente las funciones de tesorería al secretario-interventor, si el Ayuntamiento está atendido en este puesto por un secretario-interventor de habilitación nacional, el mismo debe asumir también las funciones de la tesorería (de tres claveros se pasarían a dos firmas).

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha pronunciado a través de unos criterios al respecto de octubre de 2015, señalando que la reforma que comentamos implica que «desde la entrada en vigor del Real Decreto]Ley (13 de septiembre de 2015), los funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secretaría] intervención tienen atribuidas por igual las funciones de secretaría, comprensivas de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, de control y la fiscalización interna de la gestión económico]financiera y presupuestaria, y de contabilidad, tesorería y recaudación, no pudiendo ser desempeñadas estas funciones por Concejales.

En tanto no exista un desarrollo reglamentario que regule el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se considera por este Centro Directivo que el desempeño de funciones de tesorería en municipios de menos de 5.000 habitantes podrá articularse mediante alguna de las siguientes posibilidades:

  • Mediante agrupación de tesorería, que haya sido establecida por la respectiva Comunidad Autónoma;
  • Mediante un puesto de colaboración, reservado a funcionario con habilitación de carácter nacional;
  • Mediante la Diputación Provincial o entidades equivalentes o Comunidad Autónoma Uniprovincial que asuma estas funciones a través de sus servicios de asistencia técnica;
  • Mediante otro funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a otro Municipio, a través de la acumulación de funciones con su puesto habitual.
  • De forma transitoria, con el fin de garantizar la actuación de la Entidad Local respectiva, en aquellos casos en que no sea posible aplicar ninguno de los criterios anteriormente señalados, y en tanto se articule alguno de ellos, la misma persona podrá desempeñar las funciones de secretaría, intervención y de tesorería (...)».
El criterio del Ministerio de Haciendas y Administraciones Públicas, y el de gran número de Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas que se han pronunciado, coincide con lo que expresamos en distintas consultas al respecto al poco de dictarse aquellas normas, entendiendo que la tesorería es función reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional, todo ello en los términos a su vez de la Disposición Transitoria 7ª de la LRSAL, que continúa vigente (referida a las Corporaciones Locales de población inferior a 20.000 habitantes), y que si el Ayuntamiento está atendido por un secretario-interventor de habilitación nacional, el mismo debe asumir también las funciones de la tesorería, sin perjuicio de las posibilidades apuntadas en los Criterios interpretativos del Ministerio de Haciendas y Administraciones Públicas, antes transcritos (agrupación de Tesorería; puesto de colaboración; servicio de asistencia de Diputación Provincial; acumulación de funciones).
En el supuesto de Concejal-Tesorero, debió cesar en sus funciones de forma inmediata, al carecer de cobertura legal dicha figura, lo que ha sido además puesto de manifiesto de modo expreso y directo por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como antes hemos indicado.

Los actos emitidos por el mismo hasta el 11 de febrero de 2016, fecha en la que la Secretaría-Intervención municipal ha asumido tales funciones, con cese de aquél, se hallan evidentemente afectados en su validez jurídica al dictarse careciendo de las competencias para ello. Respecto a los actos para los que se precisa la firma del Alcalde, del Interventor y del Tesorero, la firma de este último realizadas por el Concejal no es correcta, pues como decimos carecía de competencias para ello según lo determinado legalmente, y como incompletos al faltar la firma del Tesorero legalmente habilitado para ello, entendemos que serían anulables en el supuesto de que fuesen impugnados.

CONCLUSIÓN. Los actos administrativos dictados o emitidos hasta el 11 de febrero de 2016 en los que se ha requerido la firma del Tesorero, siendo suscritos por el entonces Concejal-Tesorero, como «pagos» y «cargos en cuenta», dada la falta de competencia del mismo, se encuentran viciados jurídicamente, al faltar la firma de Tesorero habilitado, lo que puede conducir, caso de plantearse alguna impugnación, a la anulación de los mismos.

Por todo ello, exigimos un listado de aquellas actuaciones del concejal Juan Gordillo como tesorero municipal, que pudieran ser objeto de impugnaciones debido a su falta de competencia y habilitación en ese puesto o peor aún, que pudieran ser anuladas por esos motivos.

Así mismo estamos en nuestro deber de denunciar que se dan situaciones de mala gestión suficientes como para exigir la dimisión del Sr. Alcalde y del concejal del Grupo Mixto.






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