jueves, 1 de diciembre de 2016

CUANDO JUAN GORDILLO DEJE, POR FIN, LA TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO .....

En relación al nombramiento del ex-concejal del grupo Cs en el Ayuntamiento de El Casar, como Tesorero, recordamos nuestra oposición a ese nombramiento haciendo públicos así mismo, los argumentos que nos llevaron a esa posición que necesito, para ser aprobada por el equipo de gobierno del PP, de dos plenos.

Esta situación tiene los días contados, pues adelantamos que aunque la modificación impuesta en el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre dijo: "Esta modificación implica que desde la entrada en vigor del Real Decreto‐Ley (13 de septiembre de 2015), los funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secretaría-intervención tienen atribuidas por igual las funciones de secretaría, comprensivas de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, de control y la fiscalización interna de la gestión económico‐financiera y presupuestaria, y de contabilidad, tesorería y recaudación, no pudiendo ser desempeñadas estas funciones por Concejales"; la situación sólo la pueden sostener hasta el 31 de diciembre de 2016, pues aunque la Dirección General de la Función Pública interpreta que sigue vigente la posibilidad de nombramiento de funcionario de la Diputación o en su defecto funcionario de la propia Corporación no existe ya la posibilidad de desempeño por un Concejal.


Con la aprobación del EBEP, queda derogado el artículo 92.4 de la LBRL, que era el que contemplaba el nombramiento de un Concejal como Tesorero del Ayuntamiento en aquellos supuestos que la legislación del Estado considerase.

La Disposición Adicional Segunda del EBEP, que reguló los Funcionarios con habilitación de carácter estatal previó que «son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal… tesorería y recaudación».

De esta derogación se debería haber deducido que se dejaran de hacer nombramientos de Concejales y funcionarios sin habilitación nacional como reclamó en su día el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), pero lo cierto es que prevaleció, al menos por la vía de hecho, la vigencia provisional del art. 2.f) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio (BOE de 9 de agosto), sobre provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, que dispone que la competencia de ejecución en materia de clasificación de puestos de trabajo reservados a estos funcionarios corresponde a las Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito territorial, previendo que «en las Corporaciones locales con secretarías de clase tercera, la responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación podrá ser atribuida a miembro de la Corporación.

«Esta modificación implica que desde la entrada en vigor del Real Decreto‐Ley (13 de septiembre de 2015), los funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secretaría-intervención tienen atribuidas por igual las funciones de secretaría, comprensivas de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, de control y la fiscalización interna de la gestión económico‐financiera y presupuestaria, y de contabilidad, tesorería y recaudación, no pudiendo ser desempeñadas estas funciones por Concejales.

Hasta 31 de diciembre de 2016, la Dirección General de la Función Pública interpreta que sigue vigente la posibilidad de nombramiento de funcionario de la Diputación o en su defecto funcionario de la propia Corporación. Pero no existe ya la posibilidad de desempeño por un Concejal.

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