viernes, 18 de diciembre de 2015

Claro que hubo rescate (y bien caro lo estamos pagando)

Por Vicente Clavero

Parece mentira que, dos años y medio después, todavía sigamos discutiendo si, a mediados de 2012, España fue objeto o no de un rescate. Pues claro que lo fue. Un rescate para mantener a flote al sector financiero. Y, por supuesto, con condiciones. Quizás no tan duras como las impuestas a Irlanda, Grecia y Portugal, pero que afectaron y afectan directamente a la vida de los ciudadanos.

Recordarán que aquello lo vendió el Gobierno casi como si a España le hubiera tocado la lotería. La Troika nos proporcionaba una línea de crédito de hasta cien mil millones de euros prácticamente tirada de precio. Mucho más barata que si hubiera sido necesario pedirla en el mercado. Además –aseguraron el presidente y sus ministros– el préstamo no tendría coste alguno para el Estado.

Todo mentira.
La línea de crédito podía ser una ganga desde el punto de vista del tipo de interés aplicado. Pero, a cambio, España debía cumplir una serie de exigencias que iban mucho más allá de concluir el desmantelamiento de las cajas de ahorro y de aumentar el rigor y la transparencia de la banca. Así lo acredita el memorándum aceptado entonces por el Gobierno, que figura en el BOE del 10 de diciembre de 2012, por si alguien desea comprobarlo.

El memorándum hablaba, por ejemplo, de corregir la situación de “déficit excesivo”, de introducir un sistema tributario “acorde con los esfuerzos de consolidación fiscal” y de poner en “práctica la reforma del mercado de trabajo”. En cristiano, eso significaba seguir con los recortes, con los aumentos de impuestos y con la demolición de los derechos laborales que el Gobierno ya había empezado.

Lo que ocurrió después es de sobra conocido. Igual que sabemos todos que eso de que el rescate financiero iba a salirnos gratis era una burda tomadura de pelo. De los cien mil millones de euros de la línea de crédito se utilizaron más de cuarenta mil, de los que a día de hoy apenas se ha recuperado una vigésima parte. El resto –lo que no devuelvan las entidades– acabaremos pagándolo nosotros.

Porque no nos engañemos: la clave no está en el nombre que le pongamos; si le llamamos rescate o “asistencia financiera”, como prefiere el Gobierno. Lo fundamental es quién asume en última instancia su coste; quién se lo echa a las espaldas, aunque no haya tenido arte ni parte en el problema que con él hubo que solucionar. Y eso, por desgracia, está muy claro desde hace tiempo.

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