sábado, 3 de octubre de 2015

LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD ESTÁN MÁS QUE JUSTIFICADAS


Las Marchas de la dignidad vuelven a las calles para que se escuche la voz del pueblo frente al poder económico. Organizando diversas movilizaciones y acciones por todo el estado para visualizar el robo de las conquistas sociales de las clases populares. Para las Marchas de la Dignidad la movilización es la acción de unidad popular más enérgica para la transformación política y social. 

Después de las últimas movilizaciones la ciudadanía vuelve a salir a las calles porque nada ha cambiado a mejor. Las consecuencias de la crisis se siguen agudizando con las políticas de recortes impuestas por la troika contra la mayoría social trabajadora.

La propaganda con el mensaje de una sociedad idílica que propaga el Partido Popular y los poderes económicos y mediáticos que lo apoyan, defensores de este régimen monárquico, no se corresponden para nada con nuestra realidad diaria. 

Están dejando a la ciudadanía sin trabajo, sin casa, sin sanidad, sin pensiones, sin educación, sin estudios, sin futuro y sin vida. 

Mientras tanto se regalan cientos de miles de millones a la banca transformándola en deuda pública que pagan las trabajadoras y los trabajadores. La reforma del artículo 135 de la constitución, que prioriza el pago de la deuda y los beneficios a los especuladores al bienestar y a los derechos de la mayoría social, hipoteca la soberanía popular a los dictados de la UE, del BCE y el FMI.

Es inadmisible que quieran pagar su deuda a costa de nuestros servicios públicos, nuestros derechos y nuestro empobrecimiento. La descomposición del régimen del 78 y su constitución que no reconoce los derechos de las personas, los pueblos y naciones del estado, es hoy un papel mojado en cuanto a derechos y libertades.

Pretenden condenarnos. La única salida que nos proporcionan es seguir manteniendo los beneficios de los mismos que nos han llevado a este estado de excepción social en detrimento de las clases populares, cerrando empresas, dejando a sus trabajadores en la calle, adueñándose de nuestras viviendas y reduciendo nuestras pensiones.

Las tasas de paro alcanzan niveles escandalosos de más del 24% haciéndose más patentes en las mujeres (la brecha salarial alcanza el 24%) y la juventud (más del 50%). Cerca de tres millones de personas carecen de ingresos afectando a más de medio millón de hogares. La figura del trabajador pobre es ya hoy una realidad a través de la precariedad laboral.

La clase trabajadora no tiene por qué aceptar condiciones laborales de precariedad y esclavitud. Es necesario que se reconozca el derecho a la subsistencia proclamado en la Declaración Universal de los DDHH, por medio de un ingreso básico garantizado.

La vivienda ha sido uno de los principales bienes de extracción de renta de los trabajadores y las trabajadoras. Se convierte una necesidad básica recogida como derecho constitucional en un bien para mercadear y especular. La solución al problema no pasa por la propiedad y el mercadeo si no por una iniciativa pública, democrática y al servicio del pueblo.

Ante ello y como respuesta a la movilización social contra estas criminales políticas, el gobierno aumenta la represión contra el pueblo. Las distintas leyes de represión tienen por objeto recortar los derechos y libertades. Pretenden silenciar la voz de los pueblos que sufren y a los que empobrecen como medio para la dominación y explotación.

Las intervenciones de la OTAN en distintos puntos del mundo son las responsables del drama de los refugiados. Generando guerras imperialistas y haciéndonos cómplices de las masacres a otros pueblos. Las soluciones al fenómeno migratorio que se están produciendo son estrictamente represivas, policiales y violan los derechos humanos fundamentales de las personas.

Hay que llevar la movilización a las calles y a las instituciones, ponerse en pie y decir basta. La movilización organizada, la participación y la lucha abrirán las puertas de un mañana mejor para el conjunto de la población.


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