jueves, 6 de agosto de 2015

Pacto Social del Agua


Como sabéis estamos impulsando que el denominado Pacto Social del Agua llegue a los ayuntamientos. Desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. Un modelo que frene el incipiente proceso de corporativización y mercantilización, que también amenaza al modelo público; y que conduzca hacia el objetivo final de la sostenibilidad económica, social y ambiental.

El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamiento en distintos municipios del país. Persigue tres objetivos generales. Uno es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y participado.

Los objetivos básicos son que la gestión y tratamiento del agua sean considerados un servicio de “acceso universal, participado y vinculado a los derechos humanos”. Este compromiso no es una mera declaración de principios, ya que supone cambios en las organizaciones responsables de este escaso recurso en España, como la creación de un órgano regulador participado por las organizaciones sociales. Los principios básicos del pacto por el agua pública son:

· Servicio 100% público. Una de las propuestas concretas más relevantes de este acuerdo es que los servicios de agua sean siempre 100% públicos.

· Empleo. El pacto por el agua sostiene además que “la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos”, de calidad, seguros y estables. Los trabajadores también deben tener asegurada la participación en el funcionamiento, la gestión y la formulación de políticas del servicio.

· Solidaridad. Uno de los principios básicos de la propuesta es la solidaridad y garantía de acceso a este bien considerado un derecho. De esta forma se establece que se asegurará una dotación mínima (entre 60 y 100 litros por persona y día), incluso en caso de impago.

· Investigación. El acuerdo también fija la necesidad de “establecer planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua” en colaboración con las “universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales”.

· Responsabilidad. El pacto también implica obligaciones para las entidades gestoras y, por encima de ellas, a los ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, en los ámbitos medioambientales, económicos y de infraestructuras.

· Control Social. Finalmente, el acuerdo establece nuevos mecanismos para asegurar el “control social” del recurso, con transparencia y “participación ciudadana efectiva”, previstas en la Convención de Aarhus, en la normativa europea y española.

De esta forma, los municipios deben preservar la calidad del suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la contaminación. Las tarifas deben reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios. Finalmente, también los Ayuntamientos tienen la obligación de ejecutar las inversiones necesarias.

La #iniciativagua2015 es fundamentalmente un espíritu de cambio de modelo siguiendo este proceso ya se ha presentado en Catalunya, el País Vasco, Castilla-La Mancha, Madrid, diversas ciudades de Andalucía o en Avilés y Gijón. Además operadores como Xàbia (Alicante) o la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa se han comprometido a gestionar el agua de forma pública, integrada y participativa tal como expone la #iniciativagua2015.

La privatización del agua desfigura y limita poder democrático municipal. Frente a esto #iniciativagua2015 no solo supondrá la paralización definitiva de la privatización de nuestra agua sino que pondrá las bases para la creación de un modelo público 100%, transparente y participativo. La democracia llega al agua. Por esa razón es necesario que nuestros municipios adopten el Pacto Social del Agua como el único modelo de gestión democrática del agua. Y, para ello, es necesario que se aprueben en los plenos.

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